Hace una semana, en un artículo del diario Últimas Noticias titulado «El gobierno busca nuevos inversores en Gran Bretaña», nos enteramos que el canciller Luis Almagro cumplió una nutrida agenda en Londres, que incluyó el seminario «Doing Business in Uruguay, The Gateway to South America» (Haciendo negocios en Uruguay, puerta de entrada a América del Sur), donde intervino Fernando Puntigliano, como director para Uruguay de Zamin Ferrous y presidente de la minera Aratirí.
Un mes atrás, el mismo Puntigliano integró la comitiva de empresarios que acompañó al vice presidente de la República, Danilo Astori, en su visita de estado a la India y en la programación oficial se incluyó una cena ofrecida por la empresa Zamin Ferrous. A diferencia de otros encuentros realizados en la sede de empresas locales, la cena de Aratirí tuvo lugar en un restaurant, tal vez porque, a pesar de que su presidente es de origen indio, Zamin es una firma internacional con sede en Londres.
El proyecto de Aratirí en Uruguay, aún en una fase de exploración, tiene un conflicto no resuelto con productores rurales de Valentines y ya moviliza a vecinos de Rocha preocupados por el posible impacto del puerto de salida del hierro uruguayo. Recién en el mes en curso, la empresa presentó formalmente ante la Dinama su proyecto de mina, mineroducto y puerto, que debe pasar por las etapas de evaluación de impacto ambiental, revisión y audiencias públicas, previas a su aprobación.
¿Se corresponde este proceso interno con la imagen dada por las visitas de Uruguay en el exterior, donde nuestras autoridades son agasajadas por Zamin Ferrous o esta empresa es la que expone ante el mundo las bondades del país para la inversión? Si se aprobara la mina de Aratirí en Valentines, ¿alguien podrá creer que esta decisión haya sido el resultado de un proceso transparente, independiente y riguroso del estado uruguayo en defensa del medio ambiente y el bienestar nacional?
Si incluimos la preocupación asumida por el Ministerio de Trabajo de que las obras de la planta de celulosa de Montes del Plata y del proyecto de Aratirí no se superpongan y compitan por el mismo personal, el panorama ya es surrealista. El ministro Eduardo Brenta «coordina» una obra aprobada y por empezar con otra que, formalmente, no ha sido aprobada y mucho menos se sabría cuándo va a empezar. ¿Por qué no eliminan, de una buena vez, las leyes y los órganos de control ambiental?
V.B.
