Las sospechas se confirmaron desde una fuente inesperada: los cables de Wikileaks. Las empresas mineras ejercen fuertes presiones a los gobiernos para anular la protesta ciudadana.
Eduardo Gudynas (en Semanario Brecha, 22/7/11)
El pasado enero se conocieron cables de la embajada de Estados Unidos en Perú, donde se relata una reunión de ejecutivos mineros con el embajador de ese país, y los de Canadá, Reino Unido, Suiza y Sudáfrica (todas naciones de origen de corporaciones mineras). Entre otras cosas, reclamaron que esos gobiernos presionaran al Perú para que se actuara sobre los líderes de las protestas contra la minería, que la Iglesia Católica rotara a los curas que acompañaban a las comunidades afectadas, y se despacharon contra las ONGs. Allí quedó en claro lo que muchos alertaron por años: las fortísimas presiones políticas y económicas que ejerce la minería sobre los gobiernos.
Es común sostener que esas influencias se deben a los beneficios económicos de la minería. Una línea de defensa usual apela a presentarla como una gran demandante de empleos. Sin embargo, las cifras casi siempre se inflan al presentarse los proyectos. Por ejemplo, en Argentina, la minera La Alumbrera en 1994 publicaba avisos en los diarios donde bajo el titular «La credibilidad se logra con hechos» prometía generar diez mil empleos directos; hoy, en fase de operación, apenas da trabajo directo a unas 800 personas.
Un repaso a los países mineros indica una realidad mucho más modesta. En Perú, la minería ocupa al 1,5 % de la población económicamente activa, en Argentina 0,9 %, en Chile 0.8 %, y en Ecuador apenas el 0,11 %.
El ingreso de divisas por exportaciones, tal como ha invocado recientemente el presidente José Mujica, es otro justificativo. Sin embargo, esos dineros dependerán del precio internacional del mineral, los que no controla Uruguay, y resultan de un juego entre las demandas de otras naciones y las intervenciones que realizan las grandes empresas extractivistas y comercializadoras. Decir que el Uruguay va a recibir 500 millones de dólares por año es, por ahora, jugar a las adivinanzas.
Entonces, si la minería en realidad está inmersa en todos estos contrastes, ¿por qué es tan atractiva, y cómo logra esa capacidad para presionar a los gobiernos? La respuesta es sencilla: la tasa de rentabilidad de la minería es fenomenal. La situación de los últimos años, al dispararse los precios de los minerales, ha hecho que el margen de lucro de la minería sea del 37.1 por ciento (promedio mundial en 2008/09). Esa es la rentabilidad más alta para los sectores primarios e industriales, y está muy por arriba del promedio (11.2 por ciento), y de las manufacturas clásicas (6,5 por ciento).
Como las regalías que pagan las mineras en el sur son bajas, sus costos de operación son pequeños, y los precios mundiales son altos, por lo que estas empresas manejan unos volúmenes de dinero enormes. Allí están los cimientos de sus capacidades de presión.
Unas presiones, como las reveladas por Wikileaks, son políticas. Otras apelan a las relaciones públicas, como son las donaciones a policlínicas, escuelas o clubes de fútbol. Pero otros usos del dinero son más cuestionables. Los sectores extractivos han estado en el centro innumerables denuncias de corrupción, sobornos y sobrepagos. Esa problemática es de tal envergadura que hasta el Banco Mundial la reconoce, y como respuesta ofrece un marco de evaluación social y ambiental separado y promueve la transparencia en el manejo de los dineros para impedir la corrupción.
Ese «lado oscuro» de la minería es incluso reconocido en el mundo de las finanzas. Semanas atrás, el multimillonario George Soros advertía que los «impuestos y pagos reales abonados a los Estados por las compañías mineras, petroleras y otras de la industria extractiva suelen ser un secreto muy bien guardado», y a pesar que los gobiernos dicen que los usan bien, «en realidad, en demasiados países los ciudadanos de a pie no se benefician nada de ese dinero; de hecho, tienen que cargar con los costos ambientales y sociales que entrañan las operaciones mineras y perforadoras».
Como respuesta a esa preocupación existe la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Es una coalición de gobiernos, compañías y organizaciones ciudadanas, que acuerdan estándares para informar al público tanto sobre lo que pagan las empresas, como sobre lo que reciben los gobiernos. Se hacen públicos los contratos o acuerdos de las empresas, se indican sus gastos y ganancias, y se evita el pago de comisiones, regalos o sobornos. Francia tiene una iniciativa análoga.
También existe un ranking mundial de la «transparencia extractivista». Como ejemplo, Brasil y Noruega obtienen buenos indicadores, son medios en Venezuela, y muy bajos en Turkistán. ¿Dónde se ubicaría Uruguay? Seguramente no en los lugares más altos, en tanto carecemos de instrumento de acceso a la información y transparencia en las finanzas, sea de las empresas o del Estado. Esto deja en claro que nuestro país debería sumarse a EITI frente a cualquier inversión minera.
Otro flanco de presión política observado en otros países apunta a lograr buenos acuerdos de inversión y operación, y que usualmente se los mantiene en secreto. Este es otro flanco a atender. En la reciente polémica sobre la firma de un acuerdo confidencial entre el gobierno y la papelera Montes del Plata, aparecen mecanismos de ese tipo (tales como ajustes tributarios según la rentabilidad de la empresa, mayores tolerancias para contratar mano de obra extranjera, o incluso redefinir los suelos de prioridad forestal). Si ello tuvo lugar con la papelera, ¿que impediría acuerdos análogos con alguna minera? Esto explica la importancia de sumarse a EITI, y contar con verdaderos mecanismos de información pública.
Es que las altas rentabilidades de la megaminería casi siempre encandilan a los gobiernos de turno, mientras que se despliegan muy diversos factores de presión política. Su mejor antídoto sigue estando en la información y la transparencia.
