Responsabilidad social

La política de Aratirí hacia la comunidad

La división de la población local a favor y en contra del proyecto minero que se pretende instalar en la zona de Cerro Chato y Valentines, lejos de ser excepcional, es una estrategia usual de empresas internacionales interesadas en ejecutar proyectos de extracción en gran escala de los recursos naturales de un país, cuyos impactos afectan gravemente al medio ambiente y la forma de vida de comunidades enteras

Víctor L. Bacchetta

En la última semana, merecieron titulares en prácticamente toda la prensa uruguaya las manifestaciones de dos importantes sectores de la población uruguaya asentados en la zona de Cerro Chato y Valentines, uno a favor y el otro en contra de las actividades en ese lugar y del proyecto de extracción de hierro a cielo abierto en gran escala de la empresa internacional Zamin Ferrous (Aratirí, en su versión nacional).

Más allá de las familias y los ciudadanos preocupados en forma individual, tenemos de un lado a trabajadores de la empresa y comerciantes locales y, del otro lado, pequeños y medianos productores rurales, ambos enfrentados entre si porque se han convencido de que la aceptación o el rechazo de ese proyecto minero define la suerte de su bienestar y de sus condiciones de vida actuales y futuras. Así parece, al menos.

Esto que puede considerarse normal, incluso porque muchos se anotan para apostar o sumarse a la pulseada instalada, es apenas una consecuencia y, desde ya, uno de los impactos sociales más perniciosos, de la estrategia seguida por Aratirí de relación con la comunidad local, algo que el gobierno nacional y los gobiernos departamentales involucrados han hecho poco, más bien nada, por impedir o mitigar.

Responsabilidad social empresarial

Últimamente en Uruguay, cuando se plantea exigirle a las empresas su responsabilidad social, respeto de la legislación social y ambiental, de los derechos de sus trabajadores y las poblaciones vecinas, se alza un coro de protesta desde las gremiales empresariales, con eco en la prensa, los políticos y el gobierno, a veces de sus máximas autoridades, diciendo que se ponen en riesgo las condiciones de inversión en el país.

Tales actitudes reflejan no solo un inmovilismo social y político sino una falta de visión estratégica. Al sostener que la inversión extranjera es imprescindible para el desarrollo y atraerla con menoscabo de aquellas exigencias, se facilita el ingreso de una inversión centrada en la extracción y la especulación con los recursos naturales del país, que cuestiona tanto la sustentabilidad de los ecosistemas como de la sociedad.

Una forma de traducir la responsabilidad es el concepto de Licencia Social para Operar, que no es un invento de sectores contrarios a las inversiones de capital, sino que lo han impulsado, entre otros, entidades empresariales como Business for Social Responsibility (BSR / Negocios para la Responsabilidad Social), que procuran desarrollar estrategias y emprendimientos compatibles con la sustentabilidad social y ambiental(1).

BSR considera que el cumplimiento de las expectativas sociales en torno a un proyecto se reconoce con la obtención de una Licencia Social para Operar. Esto significa que una empresa minera, por ejemplo, además de cumplir los requisitos legales para su proyecto, debe lograr el respaldo de los actores sociales involucrados o afectados por el mismo. Según BSR, las condiciones para la obtención de esta licencia implican:

● Que la empresa informe completamente de sus operaciones a la comunidad: debe ser abierta y honesta acerca de su proyecto, brindar información veraz y pertinente sobre el mismo, sus métodos y posibles impactos positivos y negativos.
● Que la comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan.
● Que el proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un desarrollo sostenible.

Aunque no puede ser independiente de las anteriores, pongamos en suspenso la tercera condición, ya que Aratirí volverá a presentar su Estudio de Impacto Ambiental, por más que difícilmente cambie las características del proyecto. Pero se puede evaluar, porque está a la vista, la política de la empresa con relación a las comunidades locales y en esto se aleja completamente de la primera y, más aún, de la segunda condición.

En sus exposiciones públicas, Aratirí ha dicho que la aprobación del proyecto requiere tres si: el si de sus técnicos, el si de los financiadores y el si del gobierno. Cuando se le preguntó si no faltaba el si de la comunidad, dijo que no, que el gobierno representa al pueblo. La respuesta sintetiza una concepción tradicional del desarrollo tecnocrático, funcional a una empresa que pretende imponer su negocio y punto.

 

Coherentemente, Aratirí no trata a la comunidad como una entidad única a ser tenida en cuenta sino que lo hace por partes de manera diferenciada, de tal manera que surjan los distintos intereses, se divida y se debilite. Esta no es una idea arbitraria o una práctica singular de esta empresa que aterrizó en el Uruguay, es una conducta que se encuentra en las medidas clásicas para superar las resistencias a un proyecto.

Tácticas de las empresas extractivas

Cultural Survival, una ONG internacional que colabora con los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios, sus lenguas y su cultura, publicó en 2009 «Protegiendo a su comunidad contra las empresas mineras y otras industrias extractivas», donde describe una serie de acciones características de estos emprendimientos, los riesgos que las comunidades enfrentan y las maneras de defenderse de los mismos.

En el Capítulo 3, titulado «Tácticas de las empresas y contramedidas de la comunidad», la publicación advierte que, aunque puede ser que no todas esas medidas se presenten, es bueno estar preparado. Veamos algunos ejemplos y su aplicación:

Estudio de la comunidad – La empresa minera está solicitando concesiones o ya tiene concesiones y envía un equipo para evaluar la situación local. Quieren averiguar el nivel de conocimiento del pueblo sobre el tema minero y el grado de oposición. En esta etapa, pueden empezar a identificar personas locales claves de la comunidad o del gobierno local para tenerlos de su lado. Pueden llegar con identidad falsa (por ejemplo, haciéndose pasar por una ONG) para obtener información.

Comentario: Las poblaciones de la zona de Valentines y Cerro Chato vienen siendo estudiadas por Aratirí a través de formularios y entrevistas realizadas por encuestadores, empresas de opinión pública y/o directamente la empresa. A veces, Aratirí ha llegado a un poblado y preguntado por los líderes locales, para presentarse luego en sus casas diciéndoles que quiere mantener una relación «cara a cara».

Aratirí dio asueto pago de tres horas a sus trabajadores para que asistieran al acto de apoyo a la empresa el 25 de junio.

Manejo de reuniones públicas – Cuando ha encontrado un aliado local, la empresa puede llegar y reunirse abiertamente con el gobierno local o la comunidad para hablar sobre el proyecto. Es muy probable que organicen reuniones por medio de funcionarios “amistosos” del gobierno local o de la comunidad. A estas alturas, puede ya haber ofrecido algunos beneficios a los funcionarios (no sólo monetarios).

Comentario: La empresa ha realizado innumerables reuniones con sectores o grupos de pobladores y productores de la zona sin asumir ningún compromiso en cuanto a volcar la información disponible ni adoptar un procedimiento formal de consulta. Los datos brindados por la empresa varían con frecuencia de una reunión a otra.

Adquisición de tierras – Usualmente, la empresa intentará comprar tierras con vías de acceso a sus concesiones y otras propiedades claves de la gente local. A veces esto se hace obligando a los agricultores a vender su tierra a precios determinados por la empresa. Y a veces ellos utilizan la compra de terrenos para debilitar a las comunidades.

Comentario: Los productores contrarios al proyecto han denunciado que esto ocurre en la zona donde Aratirí pretende iniciar la extracción: acoso individual para vender con la amenaza de desvalorización por haber vendido el vecino, entradas sin permiso alegando distracción, perforaciones al lado del productor que se resiste, etc.

Grupos de apoyo al proyecto – Mientras negocia con una comunidad, la empresa podría decidir negociar con (y por lo tanto fortalecer) un grupo que (…) resulte más fácil de manipular. (…) Si no existen grupos manipulables, la empresa podría simplemente crear un grupo nuevo con gente con la que puedan contar para apoyar su proyecto extractivo. Este grupo será el defensor de la empresa en el ámbito público, no sólo defendiendo y apoyando activamente al proyecto (beneficiándose financieramente de la presencia de la empresa todo este tiempo), sino también implementando algunos de los programas sociales de la compañía. Sin embargo, el objetivo más importante es que el falso grupo comunitario dé a la empresa la legitimidad que necesita para convencer al público, a sus inversionistas y a funcionarios gubernamentales que su proyecto ha obtenido la licencia social necesaria.

Comentario: Esta sería la fase actual de la implantación de la empresa, agotadas las reuniones locales donde se conocen los sectores a favor y en contra del proyecto. El sindicato recibe un claro apoyo para defender públicamente el proyecto, no solo sus conquistas salariales y gremiales, y cuestionar a los productores opositores. Crearon la «Unión de Comerciantes de Cerro Chato», que promueve firmas de apoyo a Aratirí comercio por comercio, se reúne con autoridades nacionales, etc.

Esta táctica es más chocante porque Cerro Chato ha sido históricamente una comunidad organizada con respeto por todas las opiniones. «Cerro Chato Plan» realizó varias obras para la comunidad y tuvo un Plan de Ordenamiento Territorial antes de que hubiera una ley con este concepto en el país. Es una entidad independiente de gobiernos, partidos políticos o empresas, organizó un foro sobre Territorio y Minería con participación de distintas opiniones, pero no juega ningún papel en el escenario actual.

A nivel nacional, Aratirí desarrolla una ofensiva para apoyar y financiar iniciativas de carácter popular, como obras sociales y equipos deportivos, incluyendo a la selección nacional de fútbol. En algunos países no le está permitido este tipo de patrocinio a empresas sujetas a la aprobación de un gran proyecto de inversión. Las tácticas de penetración de los nuevos líderes de la economía mundial, sean indios, chinos o brasileños, no varían aunque se presenten con un ropaje más familiar.

(1) Business for Social Responsibility (BSR): www.bsr.org