El cuento se acabó

Zamin Ferrous, ¿y ahora qué?

Poco a poco, se ha ido develando la historia por detrás del maravilloso proyecto de inversión para la explotación de las enormes reservas de hierro del país por una empresa familiar india enamorada del Uruguay. El gobierno y la población no saben exactamente aún qué llevó a que Zamin Ferrous decidiera «rebajar la prioridad» de su proyecto estrella.

Víctor L. Bacchetta

¿Suspendieron el proyecto o es una «presión» para acelerarlo? El envío al Seguro de Paro, ¿es real o es otra «presión», utilizando a los trabajadores como rehenes? En medio de la decepción, algunos no dudan en achacar a sus rivales políticos la responsabilidad de haber «ahuyentado a los inversores» y en el gobierno se buscan medidas para paliar los impactos sociales negativos, algo que no habían mostrado hasta ahora.

Mientras el secretario de la Presidencia exhorta a «no vociferar contra las inversiones» y el ministro de Trabajo asegura que «el hierro nos dará la revolución productiva», lo que menos se hace es analizar los datos y los fundamentos del problema. Se convocó a una comisión multipartidaria para definir la estrategia minera del país, pero los términos de referencia fijados por el Ejecutivo revelan que solo se sigue pensando en Aratirí.

Se caen las máscaras

En primer lugar, hay que ver de dónde partió la propuesta del proyecto de inversión o, en otros términos, con quién está tratando el gobierno. La firma internacional Zamin Ferrous, aparte de adoptar un nombre indígena – Aratirí, relámpago en guaraní – y de contratar de gerente a un uruguayo conocido, Fernando Puntigliano, se presentó como una empresa familiar de capitales indios que iba a estar largos años en Uruguay.

Fue necesario – por obra de circunstancias insospechadas – que el Parlamento discutiera el tratado de inversiones con la India, y que éste fuera cuestionado por incluir una frase en la que se prohíben nacionalizaciones, para que el Canciller saliera a decir que este tratado no es aplicable a Zamin porque esta empresa no es india, sino originaria de Jersey, por lo que le correspondería el tratado de inversiones con el Reino Unido.

El cuento de que Zamin era una empresa india llegó al extremo de que Puntigliano integró el grupo de empresarios que formó parte de la delegación uruguaya de visita en la India, en febrero pasado, y que la comitiva oficial, encabezada por el vicepresidente Danilo Astori y el ministro Roberto Kreimerman, fuera homenajeada con una cena ofrecida por Zamin Ferrous – Minera Aratirí, empresa que no tiene dependencias en aquel país.

Pero tampoco el tratado con el Reino Unido es aplicable a Zamin. Por un estatuto especial, Jersey – una isla del Canal de la Mancha – es una dependencia de la Corona Británica pero no integra el Reino Unido ni la Unión Europea. Los servicios financieros constituyen un 60% de la economía de la isla, que es conocida como uno de los principales centros financieros extraterritoriales del mundo. Zamin opera desde un paraíso fiscal.

Pramod Agarwal

En la entrevista concedida a Voces el 14 de julio último, el presidente de Zamin, Pramod Agarwal, manifestó: «Estoy decidido a jugarme por Uruguay y quedarme aquí por mucho, mucho tiempo»(sic). No obstante, cuando Puntigliano comunicó el «enlentecimiento» de las inversiones de Aratirí en Uruguay, no lo atribuyó a su amigo indio, ni a una decisión de la familia, sino a los bancos de inversión con los que opera Zamin.

Para una inversión anunciada de 3.000 millones de dólares, el negocio estará siempre por encima de las declaraciones de amor. Zamin Ferrous, una empresa «junior» típica de las que se dedican a detectar proyectos de negocios, para venderlos luego a un interesado capaz de explotarlos, debe mantenerse muy atenta a los vaivenes del mercado internacional de metales, inmerso hoy por la crisis en una gran vorágine especulativa.

El marco internacional

Uruguay es un país insignificante dentro de la minería regional y mundial; puede aceptar o rechazar las reglas que rigen en este sector, pero es absurdo pensar que va a cambiarlas. Sectores del gobierno y los partidos entusiasmados con el proyecto de Aratirí empezaron a barajar fórmulas con una lógica muy uruguaya, aparentemente sin percibir el significado de las señales que estaban enviando al exterior con tales propuestas.

Que el presidente diga que recurrirá a un «plebiscito«, por más que seguidamente le cambie el sentido; que un legislador favorable al proyecto comience a hablar de «nacionalización»; que sea recibido por el presidente y salga de la audiencia diciendo que su propuesta fue bien acogida; que se agregue el «fifty-fifty» como posible reparto de las ganancias con la minera, son señales que ahuyentan a cualquier inversor del ramo.

Un informe recién publicado de la consultora Ernst & Young (E&Y) sobre los 10 mayores «riesgos de negocios» existentes en el sector de minería y metales para 2011 y 2012 pone al «resource nationalism» (nacionalismo de los recursos) en primer lugar. E&Y informó que «en los últimos 12 a 18 meses, 25 países han aumentado o anunciado intenciones de aumentar la cuota parte de sus gobiernos a través de impuestos o regalías».

Para E&Y, «el nacionalismo de los recursos refleja la expectativa existente en los gobiernos de que el sector (de minería y metales) debería estar haciendo una contribución mayor por el derecho a explotar recursos naturales». La consultora llama nacionalismo de los recursos a algo muy distante de lo que entendemos por «nacionalización», pero incluso el «fifty-fifty» como punto a discutir con el país sede es un escándalo para las mineras.

Que Puntigliano explique la decisión de Zamin por el «alto grado de discusión política» del tema es una forma diplomática de indicar el punto sensible de los inversores. Aratirí es hoy propietaria de tierras en la zona y mantiene los permisos de prospección y exploración en unas 110.000 ha. Por lo tanto, buscará seguir o rehacer el negocio si tiene la ocasión y no puede quedar en malos términos con sus socios y colaboradores locales.

Proclama del 13 de mayo de 2011

No solo aquellas actitudes pueden inquietar a los inversores. El conflicto de la empresa con los productores y las ambiguedades en sus informes públicos, las explicaciones insuficientes del gobierno, inclusive en la interpelación parlamentaria hecha a tres ministros, reforzaron la desconfianza en un amplio espectro político y social. El cuarto factor de riesgo señalado por E&Y en la minería de hoy es «mantener una licencia social para operar».

La razón del artillero

Estudios detallados del yacimiento de Valentines realizados en el pasado determinaron que posee un tenor promedio de 30% de hierro. A mediados de los años 60 se propuso y se descartó una extracción de 500.000 toneladas anuales para producir y venderle pellets a la Argentina. De ahí en adelante no resultó rentable explotar los yacimientos uruguayos por el predominio mundial de enormes yacimientos de un tenor superior al 60%.

La extracción del hierro de Valentines, que debe ser concentrado para venderlo, se explica económicamente porque, en los últimos cuatro años, el precio del metal se multiplicó por cinco. Cientos de proyectos están siendo estimulados por una mayor demanda de los países asiáticos y los efectos de la crisis financiera internacional de 2008, pero apenas comiencen a producir yacimientos más ricos, los pobres volverán a ser desplazados.

En esta coyuntura, tener hierro para vender es un negocio brutal, pero una demora puede determinar el fracaso del proyecto y hay que saber si las reservas son suficientes como para justificar las estimaciones de la producción y de su valor. En una presentación en la Facultad de Ciencias, el ingeniero Crocce argumentó que las exploraciones de Aratirí constituyen un aporte a la soberanía nacional, pero por ahora son un secreto comercial.

Mina a cielo abierto abandonada

Las últimas cifras disponibles por el estado uruguayo fueron calculadas por técnicos de las Naciones Unidas(1) en los años 70 del siglo pasado. Con perforaciones de 150 metros de profundidad, las reservas posibles de hierro en la zona de Valentines fueron estimadas en 60 millones de toneladas (Mt) de mineral. Con perforaciones de hasta 450 metros de profundidad, Aratirí declaró en junio de este año reservas de 1.400 Mt.

Con esas reservas, la extracción del mineral, a razón de 55 Mt anuales, como prevé Aratirí, podría durar unos 25 años. En otra presentación, Puntigliano afirmó que el recurso podría aumentar de 4.000 a 5.000 Mt, lo que extendería la extracción por unas tres décadas más. Últimamente, han dicho que la vida de la mina podría llegar a 90 años. Fuentes técnicas consultadas ponen en cuestión la confiabilidad de estas estimaciones.

Esos saltos en las reservas de hierro, como en el monto de la inversión, que en un año se elevó de 2.000 a 3.000 millones de dólares, también están sembrando dudas desde el ángulo político y comercial. Tales aumentos podrían ser funcionales, por una parte, para justificar la relación de la mina con un puerto particular de aguas profundas y, por la otra, para atraer inversores y/o para encubrir otras operaciones financieras.

¿Un nuevo escenario?

La creación de una comisión multipartidaria para generar un consenso en torno al tema fue precipitada por el revuelo político que generó la decisión de Zamin de modificar la prioridad de su proyecto en Uruguay, pero las insuficiencias de la propia convocatoria, la ansiedad del gobierno por los plazos y el control de sus resultados, en medio de presiones a favor de la empresa Aratirí, pueden conducir simplemente a nuevas frustraciones.

El último viernes, a la salida de la primera reunión de la comisión, el representante del Poder Ejecutivo, Pedro Buonomo, dijo a la prensa: «La consulta que planteó el presidente hoy está canalizada en este ámbito, que es multipartidario, representativo de toda la sociedad, donde a través de los partidos políticos la sociedad se expresa sobre las líneas estratégicas«(sic). No es frecuente reunir en una declaración tan breve tantas inexactitudes.

El presidente no planteó en concreto ninguna consulta; la comisión no congrega a todos los partidos políticos sino solo a aquellos con representación parlamentaria; esos partidos no son ni se reivindican a sí mismos como representativos de toda la sociedad uruguaya, que cuenta con una amplia gama de organizaciones sociales, culturales y políticas, ni tampoco son ni se reivindican como expresión de las líneas estratégicas del país.

Buonomo explica los fines de la Comisión

Buonomo agregó que buscarán definiciones que enmarquen algunos acuerdos básicos para darle a la sociedad determinadas garantías y señales claras al sector público y al sector privado respecto a qué es lo que espera el Uruguay y de qué forma va a tratar este recurso, porque se trata de «recursos no renovables que tiene el país con un importante potencial económico e importantes impactos a niveles ambientales y sociales”(sic).

La Comisión se fijó un plazo de 60 días para llegar a un pronunciamiento. ¿A alguien se le puede ocurrir que en ese plazo y en ese ámbito puedan definirse, en representación de toda la sociedad, las líneas estratégicas sobre el manejo futuro de la minería en el país? La única lógica posible para cumplir esos términos de referencia es lograr un acuerdo interpartidario para garantizar el apoyo político parlamentario al proyecto de Zamin Ferrous.

Los miembros de la Comisión tendrán que decidir si se prestan para ese fin, algo bastante difícil a esta altura en la medida que este proyecto de inversión y la estrategia de desarrollo que representa está trazando una línea divisoria adentro mismo de esos partidos. Aunque se intente ignorarlo por todas las vías posibles, con estas condiciones políticas, el debate abierto y la consulta a toda la ciudadanía parece cada vez más inevitable.

Notas:
(1) Recursos minerales del Uruguay, Jorge Bossi y Rosa Navarro, 2000.