Saqueo e impunidad institucionalizados
++ A nivel doméstico, las leyes que rigen la minería en Canadá son sumamente permisivas y las autoridades políticas proveen apoyos múltiples al sector. Por ello, calificamos a la jurisdicción canadiense de Mineralo-Estado, es decir un Estado que permite el enriquecimiento de una oligarquía minera poniendo el aparato estatal a su servicio.
++ Canadá, líder internacional del sector minero, busca difundir su modelo más allá de sus fronteras. En la Bolsa de Valores de Toronto, centenas de multinacionales encuentran una plataforma ideal para monitorear proyectos mineros que se realizan alrededor del Mundo. Un gran número de estos proyectos causan impunemente externalidades socio-económicas de gran magnitud. Estas multinacionales cuentan con un apoyo político, financiero y moral sostenido por parte del gobierno canadiense. Por todo ello, consideramos al Canadá un verdadero paraíso judicial para las empresas mineras.
(William Sacher, The Canadian mineable pattern: institutionalized plundering and impunity, publicado en Acta Sociológica núm. 54, enero-abril de 2010, pp. 49-67.)
Canadá es un país de fuerte tradición minera, pues desde hace 150 años ha construido su prosperidad económica en parte sobre esta industria, y cuenta en la actualidad con alrededor de 200 minas en actividad. Durante décadas y hasta el día de hoy, la industria minera se aprovechó del “dejar-hacer” de los gobiernos canadienses para enriquecerse abusivamente, a costa de daños socioambientales irreversibles. Es más, para los actores de la industria, las jurisdicciones canadienses se han vuelto la panacea por sus ventajas fiscales y el apoyo inagotable del gobierno al sector minero.
Bajo la influencia política inevitable de este sector, las autoridades canadienses hacen esfuerzos por maximizar el flujo de los capitales públicos hacia la minería y minimizar los pagos en regalías e impuestos exigidos a las mineras. Esta ecuación conduce a la concentración de las riquezas minerales del país en pocas manos, mientras los costos socio-ambientales son transferidos al público canadiense casi sistemáticamente. Por todo eso, proponemos en este artículo la calificación de Mineralo-Estado para denominar al Canadá, inspirándonos en el concepto conocido como Narco-Estado.
Sin embargo, mientras se siguen explotando a gran escala los yacimientos de este país-continente, alrededor del 50% de los proyectos mineros que poseen las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Toronto (TMX) se ubican fuera de Canadá. Es más, muchas de las empresas registradas en la TMX ni siquiera son titulares de concesiones mineras en territorio canadiense. El 60% de las empresas mineras de exploración y explotación del planeta están inscritas en esta bolsa de valores, que representa el 80% de las transacciones del sector y el 36% del capital minero mundial.
Esta concentración posiciona al Canadá como el líder mundial del sector en donde las empresas mineras encuentran una plataforma ideal para desplegar sus actividades alrededor del mundo, particularmente en América Latina, Asia y África.
En las últimas dos décadas, la presencia internacional de las mineras canadienses no ha cesado de crecer, sobre todo a través de las juniors (empresas que se dedican exclusivamente a la exploración) pero también de sus hermanas mayores, las majors.
En ciertos países, el dominio de las empresas canadienses es aplastante. Por ejemplo, de las 263 empresas mineras activas actualmente en México, más del 75% provienen de este país. En este artículo identificamos una serie de razones que explican este hecho.
Además de extender las características de su modelo de Mineralo-Estado a nivel internacional, a través del apoyo político y financiero a las empresas transnacionales, el gobierno canadiense les proporciona un apoyo diplomático inagotable. A eso se añade un vacío jurídico abismal al momento de incriminar a las transnacionales por los abusos que éstas cometieran en el extranjero, y el hecho de que los tribunales canadienses actúan raramente en contra de los intereses mineros. Es más, la preeminencia del derecho a la reputación y la instrumentalización de la justicia permiten a las empresas enjuiciar a actores críticos como periodistas, académicos y ONG, atropellando su libertad de expresión.
Haciendo una analogía con los conceptos de paraíso fiscal y bancario, las características mencionadas anteriormente nos llevan a denominar al Canadá paraíso judicial. En este paraíso, las empresas gozan de impunidad de hecho, aun si enfrentan acusaciones de abusos graves en materia de derechos humanos, económicos o ambientales. Esta impunidad permite que el Canadá conserve su reputación de “buen gobierno” en la escena internacional, y que las ganancias récord de sus transnacionales se sigan multiplicando a costa de externalidades de graves consecuencias.
150 años de minería en Canadá: una herencia agobiante
La minería es una actividad industrial que, debido a sus formas de operación, produce impactos socioeconómicos, sanitarios y ambientales de gran envergadura. Obviamente, la industria minera canadiense no es la excepción.
Antes de hablar del despliegue de las empresas mineras canadienses alrededor del planeta y de las múltiples controversias que lo acompañan, es preciso recordar el saldo socio-ambiental de 150 años de explotación intensiva del subsuelo en el propio territorio canadiense, donde se encuentran yacimientos de uranio, oro, amianto, cobre, níquel, zinc, plata, potasio y diamantes, etc. de calibre mundial. Antes de que se exporte al extranjero, el “saber-hacer” canadiense se constituyó y sigue constituyéndose en Canadá, causando una huella socio-ecológica irreparable, un acaparamiento de los grandes espacios del país y el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
Medioambiente, la urgencia del tema
“En Canadá existen actualmente más de 10,000 minas abandonadas en donde pueden generarse niveles inaceptables de concentración de metales en las aguas subterráneas y superficiales, permaneciendo allí por decenas, e incluso cientos de años después de haber cesado la explotación”. En muchos casos, las empresas explotadoras se han declarado, oportunamente, en bancarrota, dejando a cargo del Estado la gestión de estos desechos que necesitará de una inversión de cientos de millones, e incluso billones de dólares. Sin embargo, según el verificador general de Canadá, en la mayoría de los casos, una limpieza completa y definitiva de estos sitios será imposible. En la actualidad, las minas canadienses siguen produciendo más de 650 millones de toneladas anuales de desechos, con “el riesgo de que el Estado deba asumir costos de restauración adicionales en el futuro”. Anualmente, el Estado canadiense entrega a las mineras un promedio de 50,000 a 100,000 km2 de territorio, mayoritariamente en el norte del país donde la actividad minera amenaza gravemente el equilibrio del bosque Boreal, al que algunos expertos no le dan más de “50 años de vida”. Al riesgo de contaminación por metales pesados, se debe añadir el drenaje ácido de mina, los derrames y la misma actividad de exploración minera, que afectan duramente a los ecosistemas circundantes y son capaces de generar catástrofes ambientales. En fin, no se puede omitir la catástrofe ecológica que representa la acumulación negligente y los trágicos derrames de desechos radioactivos, causados por la explotación masiva de uranio. Pese a ello, el Canadá sigue siendo el líder mundial en la producción de este mineral radioactivo. Los daños producidos por la actividad minera en el territorio canadiense son inconmensurables. A menudo, la complejidad de los equilibrios naturales no permite diagnosticar y/o prever, los impactos a gran escala sobre el aire, el agua y el suelo, en el espacio y el tiempo. Existen situaciones en las que no es posible desarrollar soluciones tecnológicas apropiadas para enfrentar la contaminación provocada.
El desarrollo al estilo minero: fugaz y destructor
En cuanto a los supuestos beneficios producidos por las industrias extractivas en el ámbito socio-económico, las empresas mineras no han sido capaces de generar empleos numerosos y estables. Al contrario, además de ser altamente peligrosos, la mayoría de empleos creados son efímeros, pues acaban cuando las minas cierran, una vez que el mineral se ha agotado o por los “caprichos” del mercado. En Canadá existen decenas de ciudades abandonadas pobladas de jubilados deprimidos o de jóvenes sin perspectivas. A esto se añade la poca presencia de mujeres e indígenas en los puestos de trabajo. A lo largo de los siglos XIX y XX, la explotación minera ha despojado progresivamente a muchos pueblos indígenas de sus territorios ancestrales sin haber obtenido su previo consentimiento, contribuyendo a la destrucción irreversible de sus lugares y sus culturas. Pese a sus repetitivas declaraciones de buenas intenciones, el gobierno canadiense sigue demostrando tener poco interés en actuar a favor de los pueblos originarios: el Canadá es uno de los tres países (de un total de 146) que no ha firmado la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Igualmente se abstuvo de firmar la Convención 169 de la OIT.
El saldo catastrófico de 150 años de minería en el Canadá es el resultado del “dejar-hacer” permanente por parte del Estado. Diseñadas a finales del siglo XIX bajo un régimen colonial brutal, para dar paso al desarrollo industrial del país, las legislaciones canadienses sumamente permisivas siguen vigentes hasta el día de hoy. Estos mismos métodos tienden ahora a expandirse al resto del planeta con el amparo financiero, político y jurídico del gobierno.
Canadá, un mineralo-Estado
Según revela una encuesta efectuada por el Instituto Fraser a 670 empresas y agencias de servicios del sector minero, en 72 países y Estados, Canadá es un verdadero El Dorado para las empresas mineras. Entre las 10 primeras jurisdicciones que la encuesta indica como ideales para la exploración minera, figuran seis provincias canadienses. En Canadá, la minería de exploración y explotación es de carácter exclusivamente privado, sin embargo, disfruta de un fuerte apoyo del sector público.
En el ámbito fiscal, varias medidas de asignación, créditos de impuestos, incentivos fiscales eximen a las empresas mineras del pago de impuestos y regalías. En la provincia de Québec, “en el período 2002 – 2008, 14 empresas pagaron cero regalías pese a que acumulaban valores brutos de producción anual de 4,2 billones de dólares”. A nivel federal, el promedio anual en regalías entregadas al gobierno entre 1966-2002 alcanzaba el monto irrisorio de 4,16 millones de dólares. Además de los beneficios ya mencionados, un conjunto de empresas del Estado, tanto a nivel provincial como federal, ofrecen apoyos múltiples a las empresas mineras que operan en territorio canadiense. En Québec, por ejemplo, el Estado se encarga de ofrecer asesoría a las empresas mineras privadas para que sepan aprovechar de manera óptima el entorno fiscal permisivo de la provincia. Estas entidades públicas ofrecen además otras formas de servicios: participan directamente del capital de las empresas, otorgan préstamos a tasas preferenciales, y proveen de garantías a la inversión, dándoles credibilidad financiera y sirviendo de trampolín a las empresas juniors. A esto se añaden apoyos indirectos, como el financiamiento público de las campañas de exploración geológica, de mega-infraestructuras de producción energética y de transporte.
En cuanto al acceso a los territorios, las empresas gozan de la ausencia de obstáculos legales. Las legislaciones mineras canadienses funcionan con el principio del llamado free mining, o free entry. Este principio, en vigor desde el siglo XIX, se basa en la premisa de que la explotación minera es la mejor forma de uso del territorio. Los derechos del detentor de un título minero tienen supremacía sobre los derechos territoriales de los propietarios de las tierras, las colectividades locales, e incluso de los pueblos indígenas. En cuanto a la legislación ambiental, las sucesivas desregulaciones de los últimos 20 años introdujeron una enorme flexibilidad, además de drásticos cortes en los presupuestos de los Ministerios del Ambiente. Todo esto ha dejado a las empresas un amplio margen de decisión para manejar sus desechos y el proceso de cierre de las minas.
Este conjunto de factores nos lleva a proponer el calificativo de Mineralo-Estado para el Estado Canadiense. En un Mineralo-Estado el comercio de los recursos minerales puede ser visto como el comercio de la droga en un Narco-Estado, es decir permite el enriquecimiento de las oligarquías poniendo al aparato estatal al servicio del comercio minero. Así, entendemos como Mineralo-Estado, un Estado que:
1. Posee un territorio con gran potencial geológico;
2. garantiza el acceso a recursos energéticos y agua al mejor precio (puede ser cero…);
3. garantiza con la fuerza militar y/o la ley un acceso privilegiado a los recursos minerales para los actores del sector minero;
4. garantiza una red de infraestructuras que permiten el transporte de recursos materiales y humanos, así como el mineral de una manera rápida y segura;
5. apoya financieramente a las empresas;
6. facilita la exportación de las ganancias, y minimiza el control fiscal;
7. reduce al mínimo las restricciones relativas al medio ambiente y las condiciones de los trabajadores;
8. se encarga de una propaganda agresiva a favor de la explotación minera, y permite la criminalización de los actores críticos;
9. a través de redes, permite al sector minero ejercer una influencia directa sobre las autoridades políticas y su acción.
La permisividad de la legislación, las cuantiosas transferencias de fondos públicos hacia las empresas, la minimización de regulaciones fiscales, y la influencia indiscutible del sector minero en la política hacen que Canadá responda perfectamente a esta definición.
Canadá, un paraíso judicial
Varios factores han incentivado el boom minero mundial de los últimos años. Al incremento de la demanda en minerales de todo tipo, provocado por crecimiento económico de China e India, se añaden el boom tecnológico, la crisis económica y el uso del oro como valor-refugio, la financiarización de la economía mundial y la búsqueda de nichos de especulación. A esto se suma el aumento de los gastos militares, el auge programado de la energía nuclear como fuente alternativa a los combustibles fósiles y la voluntad de las grandes potencias para asegurar el acceso a yacimientos económica y estratégicamente sensibles.
En este contexto, las multinacionales canadienses del sector minero con su “saber-hacer” centenario, han extendido sus actividades por todos los continentes, en busca de nuevos yacimientos rentables durante los últimos 20 años. Estas empresas se han beneficiado de la aplicación del Consenso de Washington en un gran número de países endeudados de amplio potencial geológico bajo la presión del Banco Mundial. Esta instancia, a menudo con asesoría de origen canadiense, ha impulsado la elaboración de nuevos códigos mineros que favorecen la inversión extranjera agresiva y sin mayor regulación. Canadá ha participado a través de diversas instancias públicas, en la elaboración del nuevo marco de inversión minera en Colombia, Botswana, Zimbabwe, Guinea y Zambia, reproduciendo las características del Mineralo- Estado canadiense.
El ambiente es definitivamente favorable a la inversión en el sector minero, pero ¿qué hace que inversionistas mineros estadounidenses, suecos, alemanes, australianos o mauricianos escojan al Canadá para gestionar sus proyectos en África, América Latina, Indonesia o Asia? Proponemos responder a esta pregunta describiendo una serie de características que hacen de Toronto el lugar de predilección de los inversionistas, particularmente en cuanto a la exploración minera.
Un polo de atracción para los negocios mineros
Históricamente, los mercados financieros canadienses han sido el teatro de numerosos escándalos vinculados a la empresas mineras, como el de “Wind Fall” en los años sesenta, o más recientemente el de la empresa junior Bre-X, que llevó al colapso de la Bolsa de Vancouver, y a la concentración de la totalidad del capital minero canadiense en Bolsa de Valores de Toronto (TMX). Desde su origen, a finales del siglo XIX, la reputación de las Bolsas de Valores canadienses es la de verdaderos casinos en donde reina la especulación, a tal punto que en mayo de 1989, la famosa revista económica Forbes, calificó a la Bolsa de Vancouver de “capital mundial de las estafas”.
Actualmente, las reglas del TMX permiten a las empresas cultivar la ambigüedad en cuanto al potencial real de un yacimiento. Así, el TMX sigue siendo un lugar de predilección para especuladores, que comercian títulos de numerosas empresas junior registradas allí, a tal punto que ciertas empresas tendrían esta actividad como única vocación. Es más, las regulaciones del TMX estipulan que las empresas no tienen la obligación de divulgar información que no sea de interés de los accionistas. En Toronto, se especula sobre las concesiones mineras que han sido adquiridas o que se explotan a costa de daños indescriptibles, pero las empresas no tienen obligación de rendir cuentas.
La disponibilidad de capitales en Canadá es otro aspecto que atrae a los inversionistas mineros. La población canadiense en su conjunto financia a las empresas mineras a través de inversiones personales y, sobre todo, de fondos públicos y privados de jubilación de una gran parte de la clase media colocados masivamente en la Bolsa de Valores de Toronto. Así, las jubilaciones de los canadienses dependen de las ganancias que reciben las empresas mineras; ganancias que, como hemos de señalar más adelante, enfrentan gravísimas acusaciones de abusos e irregularidades.
Otro factor importante es el apoyo multiforme que les prodiga el gobierno canadiense para proyectarse alrededor del mundo. Primeramente, las ventajas fiscales considerables y de múltiple espectro, ofrecidas por las diferentes instancias gubernamentales del Mineralo-Estado, benefician también a las empresas activas al extranjero.
Es importante señalar el rol activo de instancias gubernamentales como la ACDI (Agencia Canadiense de Cooperación y Desarrollo Internacional) que ha servido de agencia de publicidad y promueve la exportación del Mineralo-Estado canadiense a escala internacional, pues ha “colaborado” con diversos países en la definición de sus políticas mineras de acuerdo a los intereses de la industria canadiense. En resumen, la ACDI “prepara el terreno” para las empresas mineras canadienses, que “tienen de este modo, acceso fácil a la información geológica del país, economizando tiempo y dinero, y encuentran al interior del gobierno, individuos formados en Canadá, o por canadienses, con un a priori favorable a las empresas y al know how canadiense”. Otra agencia, la Exportation Development Canada (EDC), una aseguradora poco transparente, provee préstamos y garantías públicas indispensables para la obtención de financiamiento de bancos privados.
Además, a través de su red de embajadas y delegaciones comerciales, el gobierno canadiense brinda un apoyo diplomático incondicional a sus empresas mineras activas en otros países y ejerce todo tipo de presión a sus autoridades, y no duda en asumir públicamente su rol de lobbysta. Para aumentar su red de influencia en el extranjero, las empresas multinacionales del sector extractivo contratan como “consejeros” a ex primeros ministros canadienses, como Joe Clark, Jean Chrétien, o Brian Mulroney. Pregunta: ¿qué hacen estos personajes, sino poner al servicio de las empresas mineras, sus contactos y la información acumulada a lo largo de su mandato? Por último, es preciso mencionar que Canadá ofrece protección jurídica a sus empresas, pues el vacío jurídico hace difícil que las víctimas de abusos cometidos en el extranjero por empresas privadas lleguen a un tribunal canadiense. Además, anteriores decisiones de tribunales canadienses sobre estos asuntos demuestran que las autoridades judiciales han decidido no actuar en contra de intereses mineros. Una impunidad de hecho asegura a toda empresa canadiense que nunca será importunada por la justicia en Canadá a causa de abusos cometidos en el extranjero.
Por lo antes mencionado, Canadá se impone como paraíso judicial para las empresas mineras a escala mundial. En el momento de escoger una jurisdicción para registrarse, un inversionista minero optará lógicamente por Toronto. Al igual que un sinnúmero de empresas se registra cada día en los paraísos fiscales para evadir al fisco de los Estados de Derecho, las mineras se registran masivamente en el paraíso judicial canadiense para gozar de una protección jurídica, política y moral.
Una letanía de abusos
Con este pedigree, el Canadá se ha convertido en la plataforma privilegiada de inversionistas de todo el planeta, desde la cual sus empresas pueden alcanzar una rentabilidad récord, externalizando impunemente los altos costos financieros, ambientales y sociales que generan sus actividades. La gravedad de estos costos se mide por las serias acusaciones de abusos que enfrentan las mineras registradas en Canadá, en todos los países en donde se encuentran activas. Las principales son:
• evasión fiscal u otras formas de criminalidad económica,
• expropiación brutal y violación de derechos humanos,
• contaminación, producción de residuos tóxicos y destrucción de los ecosistemas, envenenamiento de las poblaciones locales,
• complicidad en el asesinato de líderes opuestos a la actividad minera,
• complicidad en crímenes de guerra.
En situaciones de guerra civil, como en la República Democrática del Congo, multinacionales mineras del Canadá, como AMFI, Lundin Mining, First Quantum Minerals, Emaxon, o Banro no han tenido reparos en negociar contratos leoninos con jefes de guerra. Estos contratos han permitido a las mineras obtener a bajo precio derechos sobre yacimientos de calibre mundial, financiando indirectamente la guerra civil en esta región. Acusaciones de incentivo a la conflictividad en esta región africana son sumamente graves pues se calcula que en los últimos 15 años, esta guerra habría provocado más de cinco millones de muertos y al menos un número igual de desplazados.
La multiplicación de idénticas acusaciones, provenientes de fuentes independientes, en todos los continentes, es prueba de que no se trata de casos anecdóticos. Por el contrario, es necesario tratar estos hechos como evidencia de que existe un sistema propiamente canadiense de saqueo de recursos minerales, que se apoya en la propagación de su modelo de Mineralo-Estado y en la existencia de un paraíso judicial.
Ignorancia e impunidad
No podemos concluir sin mencionar del proyecto de Ley C-300, que fue rechazado por el parlamento federal de Ottawa en octubre del 2010, durante su tercera y última lectura. El principal punto de esta Ley era la posibilidad de suprimir el apoyo financiero que reciben las empresas cuando no cumplen una serie de estándares.
Sin duda, este proyecto representaba un “paso en la dirección correcta”, como afirmaron varios actores de la sociedad civil canadiense. En realidad, era un paso en extremo tímido. Pese a ser sujeto de críticas agresivas por parte del sector minero y sus aliados, la Ley no cuestionaba los fundamentos del paraíso judicial, es decir la impunidad de los múltiples crímenes que habrían cometido las empresas del sector extractivista. La timidez de este proyecto de ley y el rechazo del parlamento, son muestras de la enorme influencia de los intereses mineros en el Mineralo-Estado canadiense, así como de una ausencia de voluntad política para regular el sector. El africanista francés François-Xavier Verschave decía a propósito de la explotación neo-colonial francesa en África, el silencio y la impunidad están íntimamente vinculados. El silencio del gobierno y de los medios de comunicación sometidos a los intereses mineros, hace que los ciudadanos canadienses no cuestionen un sistema de explotación depredador y potencialmente criminal. A esto se añade que las empresas tienen derecho a seguir juicio a los actores críticos, bajo el pretexto de defender su reputación. Entre los atropellos recientes a la libertad de expresión figuran los casos de las mineras Barrick Gold y Banro que siguen juicios a los autores y la editorial del libro Noir Canada por un total de 11 millones de dólares. Estas amenazas a la libertad de expresión impiden que se desarrolle un verdadero discurso crítico en Canadá.
Décadas de construcción de una reputación de “buen gobierno”, tanto al interior como al exterior de las fronteras, han logrado la confianza ciega de una gran parte de la sociedad canadiense en sus instituciones. Mientras tanto, el sector minero no tiene límites para seguir instrumentalizando a las autoridades públicas y aumentando sus márgenes de ganancias, aun si todo eso implica la evasión fiscal, la destrucción de ecosistemas, el contrabando, la corrupción, la expropiación mortal de pueblos, el tráfico de armas, o la asociación con jefes de guerra sanguinarios.
(Nota de los editores: Para facilitar la lectura, se han omitido las notas al pie y bibliográficas de esta investigación, pero están a disposición de quien las solicite.)
