DEL DICHO AL HECHO HAY UN GRAN TRECHO
Una serie de decisiones del gobierno para la construcción de un puerto de aguas profundas en la costa oceánica revelaron una fuerte intencionalidad política y, al mismo tiempo, una gran improvisación en la gestión, si se comparan los anuncios con los requisitos legales y los tiempos necesarios y previsibles para definir proyectos de tales características.
por Víctor L. Bacchetta, en semanario Voces (12/7/12)
Por decreto del 14 de junio último, el Presidente de la República aprobó la propuesta del informe final de la Comisión Interministerial designada para estudiar la viabilidad de la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa este del país. El mismo decreto encomendó al Ministerio de Transporte y Obras públicas (MTOP) dictar los actos necesarios para el desarrollo del puerto a través de un contrato de participación público-privada (PPP) de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 18.786 del 19 de julio de 2011.
Según el referido decreto, el informe de la comisión incluye estudios técnicos, económicos, ambientales y legales que justifican la propuesta. Este informe solo puede tener un carácter general pues esa zona costera carece de estudios científicos apropiados para ese propósito. Además, no son suficientes para la aprobación del puerto de aguas profundas, ya que este proyecto no existe aún y para confirmar su viabilidad es necesario realizar los estudios del impacto socio ambiental y económico de una obra de esa envergadura.
Una vez definidos los estudios previos y las bases de contratación, la administración podrá realizar el llamado público a interesados, estableciendo el procedimiento competitivo a emplear así como los términos y condiciones aplicables al mismo. Durante el procedimiento de diálogo competitivo, «se dará un trato igualitario a todos los participantes y, en particular, no se les facilitará de forma discriminatoria información que pueda dar ventajas a determinados participantes con respecto al resto» (Art. 20 de la ley 18.786).
Decreto y ley
Por resolución del mismo 14 de junio, el Presidente de la República aprobó «el Puerto de Aguas Profundas a instalarse en las costas del Océano Atlántico, Departamento de Rocha, entre las progresivas km 236,500 y km 242,000 de la Ruta Nacional N°10» (lugar conocido como El Palenque) de acuerdo con la propuesta de la Comisión Interministerial y comunicó esta resolución a la Asamblea General. Por el Artículo 85, inciso 9, de la Constitución de la República, la habilitación de puertos debe ser establecida por una ley.
La comunicación del Ejecutivo al Legislativo hace referencia a lo dispuesto por el artículo 473 de la Ley N° 18.719, Ley del Presupuesto Nacional 2010-2014, aprobada en diciembre de 2010. Significativamente, esta ley previó la habilitación del puerto de aguas profundas en algún lugar de la costa entre el Cabo Santa María y el arroyo Chuy. Según dicho artículo, «transcurridos treinta días de recibida la solicitud sin que la misma haya sido aprobada o rechazada por la Asamblea General, se tendrá por concedida la habilitación».
El proyecto de ley para la habilitación del nuevo puerto fue remitido al Parlamento el 2 de julio pasado, pero con respecto al trámite legislativo, juristas consultados consideran que el plazo de 30 días para la aprobación o rechazo de la ley sería inconstitucional. De acuerdo con estas opiniones, una ley no puede determinar el procedimiento para la aprobación de otra ley, éste es un atributo exclusivo de la Constitución. Y el antes mencionado Artículo 85 de la ley fundamental no establece plazos para la habilitación de los puertos.
El mismo día que envió a la Asamblea General el proyecto de ley de habilitación del puerto, el presidente designó «para ser expropiados por causa de utilidad pública, declarándose urgente su ocupación» 458 terrenos ubicados entre los kms. 236,500 y 242 de la Ruta Nacional Nro. 10, lugar del emplazamiento de dicha obra. La simultaneidad de resoluciones generó serias dudas en su tramitación, porque para declarar de utilidad pública ese acto debería estar habilitado el puerto y para esto debe ser aprobada primero la ley.
Todos para uno
Al día siguiente, el martes 3 de julio, el presidente Mujica se reunió con la plana mayor de la trasnacional Zamin Ferrous, propietaria de la minera Aratirí. Al término del encuentro, la página Web de la Presidencia de la República anunció que «El Gobierno y el grupo minero Zamin Ferrous unirán esfuerzos en el desarrollo del primer puerto de aguas profundas del Cono Sur … Las exportaciones de mineral de hierro podrían convertirse en la plataforma para concretar la construcción del puerto de aguas profundas»(sic).
Por un lado, para algunos sectores de la oposición política, la reunión con una empresa en particular y el anuncio posterior hecho por la Presidencia parecían poner en entredicho la decisión del Poder Ejecutivo de solo tres semanas atrás que, al inscribir el puerto de aguas en la ley de PPP, debía asegurar un trato igualitario a todas las empresas interesadas en el proyecto. El Correo de los Viernes, vocero del Foro Batllista, calificó directamente como «desprolija y poco transparente» la conducta seguida desde el gobierno.
Una de las empresas interesadas, la Compañía Oriental de Desarrollo e Inversiones (Codin), el consorcio de origen español que presentó a fines de 2010 un proyecto de puerto de aguas profundas en La Angostura, a través de su representante en el país, José Vila, no se mostró en cambio sorprendida por las últimas decisiones y aseguró que no tendrán inconveniente en trasladar su proyecto al lugar elegido por el gobierno uruguayo, si bien tendrán que rehacer los estudios de la zona y de los previsibles impactos de la obra.
Vila entiende que el gobierno, si sigue el procedimiento del «diálogo competitivo», citará a todas las empresas que hayan presentado proyectos de puerto en esa zona, que son tres: Aratirí, Codin y Christophersen. «Para un proyecto de esta magnitud se deben unir todas las fuerzas», explicó Vila y agregó que no le extrañaría que Codin fuera la última convocada, porque su proyecto, que incluye un polo tecnológico-industrial, una planta generadora de electricidad y la construcción de un ferrocarril, es el único puerto completo.
Toma y daca
No obstante, el encuentro con Aratirí llamó la atención por tener implicaciones adicionales. La Comisión Interministerial descartó la propuesta de Aratirí de una terminal exclusiva para el hierro de Valentines y, por lo tanto, de ser aprobado, su proyecto debería adaptarse al puerto común. La presencia de Aratirí apoyando esta iniciativa junto al presidente de la República significó, por un lado, que la empresa acepta el cambio y, por el otro, un respaldo oficial al proyecto que se encuentra a estudio de la Dinama.
Así lo interpretó Aratirí (ver recuadro) y la oposición política. Inclusive algunos integrantes de la Comisión Multipartidaria convocada por el gobierno para tratar la Minería de Gran Porte lo consideraron una violación de aquellos compromisos. «Yo advierto un adelantamiento de los procesos. El proyecto Aratirí tiene pendiente una ley marco de megaminería que el Gobierno comprometió enviar al Parlamento el pasado 31 de marzo, y no lo ha hecho», declaró el diputado nacionalista José Carlos Cardoso, activo firmante de ese acuerdo.
Los gestos del presidente y de algunos ministros hacia la empresa Aratirí y la forma como ésta hace uso publicitario de los mismos, cuando su propuesta esta siendo analizada por los organismos técnicos y legales correspondientes, configura una presión política obvia sobre estas instancias. El director de la Dinama, Jorge Rucks, en una entrevista dada a la prensa, reconoció explícitamente la existencia de esas presiones, aunque aseguró que no afecta la independencia técnica con que se desempeñan sus funcionarios.
El segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue presentado por Aratirí el 13 de octubre de 2011. La Dinama ha reiterado que el análisis de este EIA le insumiría unos 18 meses y a mediados de abril el proceso estaba enlentecido por la falta de respuesta de la empresa a pedidos adicionales de información del organismo. Con el cambio del puerto, Aratirí tendría que reformular el mineroducto y las instalaciones portuarias de su proyecto, que eran las etapas ya revisadas por la Dinama, lo cual enlentecerá aún más ese proceso.
EL ESTILO PUBLICITARIO DE ARATIRÍ
«Que el gobierno considere que la piedra fundamental del puerto de aguas profundas es Aratirí es una valoración positiva del proyecto. El gobierno y todos los partidos entienden que la minería a gran escala es posible en Uruguay, como surge del documento multipartidario, entonces yo entiendo que el país respalda el proyecto.» (Declaraciones de Fernando Puntigliano al semanario Búsqueda, 5/7/12)
Alentado por el encuentro presidencial, el gerente criollo de Zamin Ferrous reasumió con fuerza renovada la ofensiva propagandística en torno a los beneficios que traería al país el proyecto de Aratirí. No deja de ser sorprendente la insistencia con que Puntigliano reitera afirmaciones que son desmentidas por las mismas propuestas hechas por la empresa ante la autoridad a cargo de evaluar el proyecto, es decir la Dinama. Veamos algunas:
■ Dice Aratirí: le agrega valor al mineral de hierro que se extrae (…) ese material en el mercado vale U$S 5 la tonelada, es casi como vender pedregullo (…) pasa a valer 130 (…) y estamos generando las bases para potenciales desarrollos mayores.
● Los yacimientos uruguayos contienen una proporción de hierro del 28% y en el mercado internacional se requiere un 65%. La concentración es un proceso preindustrial necesario para vender el hierro en bruto. La materia prima es el hierro, la roca sola no vale nada.
● El Proyecto Valentines no tiene ninguna relación con una posible industrialización en el Uruguay. Aratirí solo propone extraer ese hierro, en grandes volúmenes y lo más rápido posible, a lo sumo 20 años, para venderlo en el exterior aprovechando los precios altos.
■ Dice Aratirí: Si a ese producto lo tratas como lo vamos a tratar nosotros, lo trituras, lo separas magnéticamente sin químicos.
● Aratirí no revela al público que toda la operación extractiva utiliza los siguientes elementos químicos y contaminantes que la empresa detalla en el EIA presentado a la DINAMA:
• Combustibles – 200.000 litros por día de diesel oil que producirán unas 30 toneladas por hora de gases de efecto invernadero, así como gases nitrosos y sulfurosos.
• Explosivos – 43.000 toneladas anuales de ANFO (90% de nitrato de amonio), que producen unas 40.000 toneladas de gases nitrosos y agua. Los primeros conducen a la formación de ozono, poderoso oxidante que ataca los tejidos pulmonares.
• Floculantes – Para decantar sólidos en suspensión en el agua, usarán poliacrilamida, que puede originar cáncer, lesiones genéticas y del aparato reproductor.
■ Dice Aratirí: Hay 327 minas a cielo abierto en todo el país.
● Puntigliano argumenta que Aratirí es más de lo mismo. No es así. No son lo mismo las canteras de materiales de construcción, de caliza, etc., que las minas metalíferas de hierro y oro. Y en cuanto a las minas de metales, las proporciones importan y mucho. Los cráteres de las minas San Gregorio y Arenal en Rivera, en Minas de Corrales, son cinco veces más pequeños que el menor de los cinco cráteres propuestos por Aratirí (cuatro cráteres de 100 hectáreas cada uno y un quinto de 400 hectáreas).
■ Dice Aratirí: El consumo de agua es mucho menor que algunos cientos de hectáreas de arroz.
● Para sostener esa afirmación, Aratirí debe referir solo aspectos parciales del proyecto, como el embalse de relaves y el mineroducto, pero no contabiliza que la actividad minera desviará varios arroyos y el río Yí, contaminará aguas superficiales, napas freáticas y aguas subterráneas por el escurrimiento de los cráteres y los depósitos de estériles, así como por la infiltración de los embalses de relaves y de agua bruta. ¿Esto no es consumo de agua?
■ Dice Aratirí: Tenemos las cinco minas restringidas a esas 500 hectáreas.
● En la propuesta de Aratirí a la Dinama, los cráteres de las minas ocupan 798 hectáreas. Son 4 cráteres de unas 100 hectáreas cada uno más otro de 400 hectáreas, con cerca de 400 m de profundidad. El mínimo de afectación a considerar debería ser todo el Complejo Minero (minas, cerros de estériles, embalses de relaves y de agua bruta, etc.) que ocupa 14.505 hectáreas. Pero es mucho más, porque las alteraciones del sistema hídrico de la región se extenderán entre 3 y 6 kilómetros desde el borde del complejo minero, de acuerdo con el informe de una consultora británica incluido en el segundo EIA de Aratirí.
● Y como no devuelve los títulos concedidos por Dinamige, el área total afectada por Aratirí es de 120.000 hectáreas, donde prosigue tareas de prospección y exploración
■ Dice Aratirí: Podemos asegurar que fuera de esa zona las condiciones de aire y sonido son las que establece la ley.
● A pesar de mojar los caminos, el EIA de Aratirí concluye, usando un modelo matemático, que el polvo respirable llegará a distancias entre 25 y 50 kilómetros de las minas.
● Aparte de los camiones, cintas mecánicas y plantas de trituración, la detonación cada dos días de 240 toneladas de explosivos genera un ruido de 103 decibeles a 40km del lugar.
■ Dice Aratirí: (después de la extracción) En algunos lados se rellena, en otros se hacen reservas de agua, hay un ejemplo en China con hoteles, se hacen resorts. Está el ejemplo de Alemania, que la zona más minera está repleta de lagos y parques.
● Los ejemplos de otros países no son una prueba de lo que se hará aquí. Debemos remitirnos a las propuestas concretas que son los compromisos reales.
● Al cierre del proyecto, al cabo de 12 años de producción, Aratirí ha propuesto:
• Rellenar los cinco cráteres con agua – La minera dice que llevará 80 años ese proceso y reconoce que la calidad de esa agua puede no ser apropiada para volcarla en los cursos de agua del lugar. ¿Quién se hará cargo de esto: Aratirí o Uruguay?
• Dejar expuestos a la lluvia y los vientos cinco cerros, de unos 100 metros de altura y una base tres veces mayor a los cráteres, formados por roca y polvo.
• Desecar el embalse de relaves y dejar al aire libre una represa de lodos contaminados de 2.400 hectáreas y 50 metros de altura, sobre la cuenca del arroyo Las Conchas.
• Vaciar la reserva de agua bruta – un embalse de agua contaminada de 250 hectáreas – en el Océano Atlántico a través del mineroducto y el emisario submarino. ¿Con la modificación del puerto, mantendrá Aratirí la propuesta de ese emisario? Y si no la mantiene, porque no se la aceptan, ¿adónde irán esas aguas contaminadas?
■ Dice Aratirí: Zamin Ferrous se convertirá en la mayor empresa exportadora en el Uruguay y el mineral de hierro será el principal producto de exportación con un 17,4% del total (esto no solo lo dice Aratirí, lo repite el sitio Web de la Presidencia).
● Mientras que las exportaciones del hierro ascenderían a 1.400 millones USD anuales, el Ministerio de Turismo calculó un ingreso superior a 2.000 millones USD en 2011 y el INAC estimó que por la carne entrarían 1.650 millones USD ese mismo año. Además, resulta engañoso comparar las exportaciones en un año de actividades productivas de distinta duración. La extracción del hierro llevaría 12 años, mientras que la producción de carne, la agricultura y el turismo han sido, son y serán permanentes.
Muy bueno y necesario el artículo.
Hace unos días vi en Telesur una entrevista hecha por Jorge Gestoso al presidente de Ecuador Rafael Correa, entra los temas tratados estuvo el de la minería a cielo abierto. Creo que Correa tiene buenas intenciones, pero está mal informado y generaliza simplificando la minería a cielo abierto y en gran escala. Además se le notó un poco de soberbia y molestia al referirse a personas que discrepan con el proyecto que el quiere llevar adelante. Sería bueno, si es que no lo están haciendo, intercambiar información y conocimientos de experiencias… con ecuatorianos que están en una lucha similar.