VICTORIA Y ALIVIO PARA EL PAÍS; CUESTIONES PENDIENTES
Con el término del plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines ha sido cancelado. Sin embargo, esto no significa que las tierras afectadas por los títulos mineros de este proyecto se verán liberadas y que no puedan reaparecer en el futuro propuestas similares.
Fragmento de la 4a. Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, en Montevideo en 2013.
Saludamos este hecho como una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay. Presentado como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos, sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social sin precedentes.
La realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional.
Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.
El 24 de febrero pasado venció el último plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la actividad extractiva(*). Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse “a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”.
A partir de entonces, por el artículo 37 de la misma ley, el estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las actividades exploratorias de Aratirí. La minera ha alterado significativamente el valor de esa información, al punto que elevó sus declaraciones de costos de 60 a 300 millones de dólares luego de haber paralizado sus trabajos en 2011.
Se ha llegado a rumorear que la minera le haría un juicio al estado, para lo cual tendría que presentar pruebas de compromisos incumplidos. Si existieran, esos compromisos habrían sido hasta ahora secretos, pero pueden ser parte de una negociación. Lo que pueda llegar a pagar el estado por esa información es la última oportunidad de Zamin Ferrous para lograr una ganancia de su proyecto fallido en Uruguay.
El gobierno del presidente José Mujica se comportó como socio de la minera, pero no pudo disuadir la oposición de amplios sectores de la sociedad.
El proyecto de Aratirí fue promovido con el argumento de generar fuentes de trabajo pero era solo un negocio de ocasión. En enero de 2012 la minera envió a sus empleados al Seguro de Paro y el gobierno prorrogó hasta hoy esta situación para facilitar la negociación del contrato. Vencidos todos los plazos, la empresa ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones legales de indemnización por despido.
Si el estado no los declara Reserva Minera, los títulos del Registro de Vacancias están a disposición de los interesados. Por la reforma del Código de Minería de 2011, la tenencia de los títulos de prospección y exploración puede llegar a un máximo de 12 años. Pero Dinamige admite que una misma empresa, con otro nombre, retenga sus derechos mineros, así que los títulos de Aratirí podrían volver al mismo dueño.
La minería a cielo abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración, como es el caso de Uruguay, es la actividad más depredadora y contaminante de tierras y aguas en todo el planeta. Pretender desarrollar esa actividad en este país significa la destrucción definitiva del área de la explotación minera y la grave afectación adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos.
Las disposiciones del Código de Minería y la forma como son aplicadas por Dinamige han facilitado la especulación con los títulos mineros y con las tierras que se vuelven cautivas de los mismos. Como resultado, casi una cuarta parte del territorio nacional se encuentra afectada por pedimentos o títulos mineros y sus propietarios enfrentan dificultades para obtener créditos y planificar las actividades productivas.
La única manera de superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000 firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión.
Uruguay Libre de Megaminería
8 de marzo de 2016.
