EL GOBIERNO DE MUJICA Y EL PROYECTO DE ARATIRÍ
El proyecto de extracción de hierro quedó archivado al agotarse los plazos legales aunque podría reaparecer el interés por el yacimiento.
Por Daniel Rodríguez, ECOS Uruguay, 10/8/2016.
El movimiento social que se opuso al emprendimiento de mega minería metalífera a cielo abierto se mantiene alerta ante la posibilidad de que aparezcan nuevos proyectos de extracción de hierro y listo para retomar la iniciativa de promover una reforma constitucional que prohíba esta actividad.
Víctor Bacchetta/CAinfo
Una de las caras visibles del movimiento Uruguay Libre es el periodista Víctor Bacchetta, investigador en temas ambientales, con formación en ingeniería y autor de «Aratirí y otras aventuras. Las soberanías cuestionadas» (2015, editorial Doble clic) en donde se narran las circunstancias políticas y sociales vinculadas al proyecto y otras dos iniciativas conexas como el puerto de aguas profundas y la regasificadora.
En la charla con ECOS, Bacchetta profundizó acerca de lo que quedó de estos emprendimientos impulsados en el gobierno de José Mujica y la realidad de los movimientos ambientalistas en Uruguay.
– ¿El proyecto Aratirí quedó definitivamente concluido? ¿Por qué?
-Con el tiempo se evidenció algo que advertimos desde la presentación del proyecto en 2011. El objetivo de Zamin Ferrous con Aratirí en Uruguay era armar un proyecto para venderlo en medio de una coyuntura financiera extraordinaria de las materias primas, en la cual el precio del hierro se multiplicó por siete entre 2006 y 2011.
Aratirí necesitaba comenzar la explotación minera en 2011, pero la aprobación del proyecto sufrió sucesivas postergaciones. Como era previsible, el precio del hierro comenzó a bajar en 2012 y en 2014 ya quedó por debajo de los 100 dólares por tonelada, que era el límite para ser rentable.
La caída del precio del hierro invalidó definitivamente al proyecto, pero para que el gobierno no entrara en esta aventura fue necesaria una movilización sin precedentes de amplios sectores de la población que cuestionaron los impactos ambientales y sociales negativos que podría traer.
Se cayó finalmente porque vencieron todos los plazos previstos por la Ley de Minería de Gran Porte, sin que Aratirí completara los requisitos para firmar el contrato que lo habilitara a explotar el yacimiento de Valentines. Al final aparecieron otras empresas interesadas, como Aurum Ventures e Invertexi. Esta última era una firma de la misma Aratirí para agotar los plazos dispuestos por la ley, pero esto no cambió el resultado.
– ¿Qué ocurre con el yacimiento? ¿Se puede retomar el proyecto?
-Por la Ley de Minería de Gran Porte, los títulos de exploración del proyecto pasarán a la Reserva de Vacancias, a cargo de la Dirección de Minería y Geología (DINAMIGE). Esos títulos pueden ser adquiridos por un inversor privado o el Estado. Si están interesados en explotar el yacimiento deberán presentar un proyecto. Incluso Aratirí podría adquirir esos títulos y reiniciar de cero la evaluación y la negociación del contrato. No es probable que lo haga hoy y en el futuro cercano por las características de los yacimientos uruguayos.
Los yacimientos de hierro del país, incluido este que es el mayor, son pequeños y de bajo tenor. La proporción de hierro en el mineral es de 28% y para venderlo como materia prima debe estar al 60% como mínimo. Por eso el mineral uruguayo debe sufrir un proceso de concentración que duplica prácticamente el costo del hierro. Esto hace que con los precios promedio del mercado no sea rentable extraerlo.
Sin embargo, no se puede descartar que en un futuro vuelva a darse una coyuntura económica similar a la de 2008-2011 y aparezcan proyectos semejantes. Esta es la razón por la cual desde el movimiento Uruguay Libre de Megaminería entendemos que por un artículo de la Constitución o una ley se debe prohibir la minería metalífera a cielo abierto.
Solo una coyuntura especulativa de corta duración generó la posibilidad de un gran negocio para una empresa pirata como Aratirí. La minería a cielo abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración es la actividad más depredadora y contaminante en todo el planeta. Varios países han prohibido su desarrollo, entre los cuales destacamos a Costa Rica por sus similitudes con Uruguay.
Esta actividad es una amenaza a la integridad del territorio uruguayo por la destrucción definitiva del área de explotación minera y la grave afectación adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos. A esto se sumaron privilegios indebidos que ofreció el gobierno y saldrían del bolsillo de los contribuyentes.
– ¿Hubo ocultamiento por parte del gobierno de Mujica de información sobre Aratirí?
-Ocultamiento o -lo que es lo mismo- proporcionar información errónea para confundir a la población, como también lo hacía Aratirí. Desde el propio presidente de la República, José Mujica, pasando por el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y altos funcionarios del ministerio de Economía, como Andrés Masoller, se hicieron afirmaciones falsas sobre los impactos y los beneficios del proyecto.
Por ejemplo, se dijo que luego de la extracción del mineral esos cráteres gigantescos serían rellenados y que en la zona afectada se podría restaurar la actividad productiva anterior. Esto no sucede en ningún país del mundo con explotaciones similares, en especial aquellos donde la minería es una actividad de larga data. También se decía que habría cinco o seis proyectos de gran porte cuando solo había uno.
– ¿Hubo trabas en el acceso a la información?
-El acceso a la información oficial era una condición sustancial para hacer un análisis serio y fundamentado del proyecto. La respuesta no fue uniforme. Con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) no tuvimos ningún problema pero si lo tuvimos con la DINAMIGE. En junio de 2014 declaró confidencial todo el expediente de Aratirí, en base simplemente a un pedido de la minera.
Debimos recurrir a la justicia amparados en la ley 18.381, de acceso a la información pública, para obtener esa información. En la primera y segunda instancia la justicia nos dio la razón, el MIEM interpuso obstáculos hasta que entregó la información, pero se incorporó Aratirí alegando que sería perjudicado. Al final de un proceso judicial de un año y medio, un Tribunal accedió por mayoría a mantener en reserva determinados datos. No eran secreto comercial o del patrimonio particular de la empresa, sino la información que normalmente las mineras deben hacer pública sobre su proyecto.
-¿Fueron falsos los datos sobre los millones de dólares que Uruguay recibiría?
-En efecto y era un tema central para justificar la aceptación del proyecto. A comienzos de 2014, el FMI dijo que Aratirí aportaría una recaudación fiscal de 1.000 millones de dólares anuales durante 27 años. Estaba totalmente equivocado porque suponía un precio fijo de 120 dólares la tonelada del hierro en ese lapso. Incluso se aplicaban mal nuestras leyes tributarias. Uruguay Libre publicó una crítica y la entregamos a la prensa en la sede del FMI en el país, sin que refutaran nuestro análisis.
El entonces presidente Mujica tomó esa cifra del FMI y en su audición radial preguntó si «los uruguayos podíamos renunciar a ese beneficio» (sic). Ese día, en una interpelación parlamentaria, el ministro Kreimerman dijo que eran 400 millones de dólares anuales. Hay una gran diferencia entre ambas cifras, pero accedimos a la planilla de cálculo del ministerio y vimos que también estaba equivocada. Para sacar todas las dudas al respecto, Uruguay Libre colocó en la web una planilla donde cualquiera podía hacer el cálculo y llegar al verdadero resultado.
– ¿Cómo evalúas la conducta del gobierno anterior en este tema?
-Me parece poco seria y hasta irresponsable. En lugar de asumir una posición neutral y exigente, como representante de toda la sociedad, el gobierno de Mujica se comportó como aliado de una empresa extranjera que tenía su sede en un paraíso fiscal y no tenía antecedentes como minera propiamente dicha.
Mientras ignoraba los pedidos de explicaciones realizados por grupos de ciudadanos, tratándonos inclusive como «terroristas ambientales», cuando venía al país el dueño de Zamin Ferrous, el indio Pramod Agarwal, a las pocas horas estaba siendo recibido en el despacho presidencial. Un gobierno serio no debe actuar así.
– ¿La DINAMA soportó presiones para que se le diera la aprobación ambiental? ¿El organismo pudo hacer su trabajo correctamente?
-En ese contexto merece destacarse la actitud de la DINAMA. Si bien hacía lo que le correspondía, sufrió varias presiones, como reconoció el ex director Jorge Rucks. Incluso se quiso llevar la DINAMA a la Presidencia para acelerar los trámites.
Zamin Ferrous debió creer que al tener el apoyo del presidente de la República, la autorización ambiental sería un simple y rápido trámite burocrático. Esas empresas nos perciben como colonias, más si les damos pie para que lo crean.
– ¿El proyecto del Puerto de Aguas Profundas estaba atado a Aratirí?
-La regasificadora y el puerto de aguas profundas fueron dos emprendimientos que el ex presidente Mujica asumió como propios, pero estaban supeditados a la inversión de Aratirí y mostraron su inviabilidad al caer el proyecto minero. Fue una irresponsabilidad del gobierno iniciar esos proyectos cuando Aratirí no tenía la autorización ambiental ni había firmado el contrato. Es más, por sus dimensiones, esas dos obras superaban la capacidad del Uruguay para sostenerlas y se emprendieron sin contar con un acuerdo de los principales socios de la región, Argentina y Brasil.
Claro que estas cosas no se hacen sin consecuencias. La regasificadora se inició y se interrumpió al poco tiempo, dejando varias secuelas en la zona elegida, decenas de contratistas endeudados y litigios en curso.
¿Qué habría pasado si se hubiera iniciado la explotación en Valentines? Podemos trazar un paralelo con la conducta que tuvo Zamin Ferrous en Brasil: instalaciones abandonadas, daños ambientales y sociales irreparables, litigios judiciales nacionales e internacionales, deudas incobrables y decenas de contratistas arruinados.
¿Hay información sobre gastos innecesarios en el proyecto del PAP?
-En el caso del puerto, las expropiaciones no se iniciaron, pero se sancionó una ley y se encargaron estudios que quedarán guardados, pero que costaron seis millones de dólares al erario público.
-¿En qué está la campaña de recolección de firmas? ¿Cuántas van?
-Nuestras estimaciones son que tendremos unas 100.000 papeletas para promover un plebiscito nacional que prohíba la minería metalífera a cielo abierto. Hay un sentimiento de que la amenaza de Aratirí fue superada. Uruguay Libre decidió suspender momentáneamente la recolección de firmas, pero el propósito no se ha modificado. Estamos registrando y guardando las firmas porque no pierden vigencia. Estaremos alertas ante cualquier indicio de renovación de estos proyectos y reanudaremos la recolección de firmas no bien lo estimemos necesario.
-¿Cómo definirías a Uruguay Libre? ¿Hay un movimiento ambientalista unificado en Uruguay?
-Uruguay Libre es un movimiento constituido por ciudadanos y entidades sociales, con independencia de cualquier filiación partidaria, ideológica o religiosa. Su singularidad proviene del hecho de que asume una problemática tanto social como económica y ambiental. Por esta razón no es una organización ambientalista tradicional.
La Red de ONGs Ambientalistas integra Uruguay Libre así como la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo, la Federación Rural, la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), la Coordinadora de Trabajadores del Sistema Financiero y decenas de grupos locales de ciudadanos.
Más que un movimiento ambientalista, en Uruguay Libre tratamos de ejercer un nuevo tipo de ciudadanía, que no se limita a votar cada cuatro años en una elección y luego nos vamos para casa. Defendemos el derecho como ciudadanos a ser informados y a participar en las grandes decisiones que afectan a nuestra sociedad.
-¿Han debido marcar distancias con la actual oposición? ¿Hay riesgo de un uso político del tema ambiental?
-Siempre hay riesgo de uso de los movimientos sociales por los partidos políticos, sean del gobierno o de la oposición. En Uruguay Libre previmos esto desde el comienzo. A esta altura considero que hemos dado pruebas suficientes de independencia y esta ha sido una de las condiciones que nos dio credibilidad ante la población.
-¿El movimiento viene preparando acciones por otros temas como el eventual uso de ‘fracking’, la tercera planta de celulosa o la exploración de Petróleo en el mar? ¿El movimiento nació básicamente por Aratirí?
-Nuestras acciones con respecto al ‘fracking´ surgen de una manera muy similar a la de Aratirí y la megaminería. Integran Uruguay Libre movimientos locales que se dedicaron a informarse e informar a la población sobre los posibles impactos de esa tecnología y que luego impulsaron las decisiones de las juntas departamentales de Paysandú, Tacuarembó y Salto al respecto. Ahora se están sumando nuevos departamentos y promovemos la sanción de una ley nacional que prohíba el ‘fracking’.
Sobre la exploración de petróleo en el mar y el anuncio de otra planta de celulosa no tenemos una posición como Uruguay Libre. No somos un movimiento ambientalista con definiciones ‘a priori’ sobre los temas. Actuamos en la medida que hay ciudadanos preocupados, informados y decididos a hacer algo al respecto. Así surgió el movimiento contra Aratirí y seguiremos esa línea de conducta.
